La Corte Constitucional de Colombia exigió a la mina Cerro Matoso, de propiedad de la multinacional BHB Billiton, una nueva licencia ambiental tras vulnerar los derechos fundamentales de comunidades indígenas, informó hoy ese tribunal.

"Dada la grave vulneración de derechos fundamentales en este caso la Corte ordena (...) a la empresa Cerro Matoso S.A. que inicie los trámites necesarios para la expedición de una nueva licencia ambiental que se acoja a los estándares constitucionales vigentes", manifestó la Corte en su sentencia.

Las comunidades indígenas aseguran que han sufrido daños medioambientales, enfermedades respiratorias, cardiovasculares y dermatológicas, entre otras, desde que la empresa inició las actividades de exploración y explotación minera en el departamento de Córdoba (norte) en 1982.

Debido a lo anterior, la Corte realizó "un análisis integral" en el que revisó la localización de las comunidades, los cambios contractuales de Cerro Matoso, la relación entre derechos fundamentales a la salud y al medioambiente sano, y la vulneración de esos derechos en las ocho comunidades presuntamente afectadas, entre otros.

Tras el análisis, el alto tribunal "encontró múltiples hallazgos que acreditan la existencia de una grave situación de vulneración de derechos fundamentales en la zona", agregó la sentencia.

"La licencia ambiental de Cerro Matoso S.A no se ajusta a los estándares constitucionales de protección al medio ambiente (...) se comprobó la recurrente emisión de nubes de escoria y material particulado que afecta seriamente a las comunidades aledañas", apuntó.

De igual forma, la Corte halló componentes químicos en fuentes hídricas, sedimentación de uno de los afluentes, lesiones cutáneas de gravedad en habitantes, enfermedades irritativas de las vías respiratorias, cáncer de pulmón y altos niveles de níquel en la sangre y orina, entre otros.

Además de la nueva licencia, la Corte ordenó a la compañía brindar atención permanente a los afectados por la explotación de níquel y ferroníquel, y crear un Fondo Especial de Etnodesarrollo con recursos propios para reparar a las víctimas.

Asimismo, pidió a la Procuraduría, Defensoría y Contraloría hacer "seguimiento a las órdenes proferidas en la sentencia", y en caso de que estas no se cumplan, un juez de primera instancia puede ordenar la suspensión de las actividades de Cerro Matoso.

EFE